Manifiesto de apoyo al S.A.T. y al Alcalde Sánchez Gordillo

Publicado: 14 agosto, 2012 en #SPANISHREVOLUTION, Noticias de interés general, por alusiones

 

Desde este partido ciudadano, GENESIS: UNIÓN DE INDIGNADOS EN ACCIÓN, se apoya las acciones tomadas por el SAT y el Sr. Alcalde J.M. Sánchez Gordillo.
Los afiliados y colaboradores de este partido saben positivamente que las leyes son necesarias para la convivencia de las ciudadanos y consideran que arrebatar un bien en contra de la voluntad de su propietario es una aptitud anticívica y sobre todo perjudicial para la convivencia. Ahora bien, la Ley no ha de estar nunca por encima de la Justicia ni de la supervivencia humana. La ley como herramienta humana es imperfecta y por tanto debería ser continuamente actualizada, desarrollada y mejorada. La JUSTICIA, aun la que no está recogida en la leyes humanas, debería ser la principal LEY ante las que todas las demás inclinaran la cabeza.

El delito según nuestras conciencias es que los tienen en su mano los medios para evitarlo permitan, por ineptitud o desinterés, que la gente se muera de hambre, habiendo comida más que suficiente para todos, en este país con tantos recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros.

Por ello, en nuestra opinión, y después de analizar todas las informaciones recogidas, este acto “supuestamente ilegal”, es éticamente aceptable (teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que lo provocan) al ser un acto en defensa de la VIDA, al no perseguir ningún afán de lucro y estar motivado por un sentimiento de solidaridad y por la búsqueda de una sociedad más armoniosa y justa.
Los miembros del SAT y el Sr. Sánchez Gordillo han actuado sin duda movidos por encomiables sentimientos y razones, por lo que no deben ser tratados ni juzgados como vulgares delincuentes.

Pensamos también que este acto debería servir como llamada de atención a los gobernantes, para que tomen urgentemente cartas en el asunto y tomen las medidas necesarias para que las gentes que ahora mismo no tienen para comer, puedan sobrevivir, para que los muchos niños que empiezan en España a pasar hambre no tengan que pasarla, para que las familias que se quedan en la calle, desahuciadas por entidades financieras inhumanas y avariciosas, tengan donde dormir, para que cualquier miembro de esta sociedad pueda llevar una vida mínimamente digna. En verdad que llegan tarde, porque no tenían que haber permitido que se llegara a esta situación, pero más vale tarde que nunca, ya que se ha llegado, deben arreglarla cuanto antes. Y si no quieren o pueden solucionar los problemas más básicos de esta sociedad, como que la gente en este país pueda comer, tenga un techo y pueda criar y educar a sus hijos, deberían irse y dejar paso a quien pueda hacerlo.

Pero esta acción no sólo es una llamada de atención a nuestros gobernantes, también debe hacer reflexionar a toda la sociedad, debemos darnos cuenta de que es hora de sustituir el axioma neoliberal que lidera nuestro sistema de valores y que reza “el beneficio por encima de todo” por otro muy distinto y mucho más humanitario: “la persona por encima de todo”.

En cuanto a las consecuencias de esta acción a nivel legislativo, hemos de recordar a las autoridades y a quién haya de juzgar estos actos, que el art. 20 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, dice textualmente:
“Está exento de responsabilidad criminal:

5. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
2. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
3. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.”
Por tanto, según nuestro ordenamiento jurídico, los miembros del SAT que han cogido los carros de alimentos, están exentos de responsabilidad criminal, esto es, no han cometido ningún delito, por lo que exigimos que se les libere o se les deje de detener de inmediato, que no se les impute ningún delito y se anule cualquier proceso penal que se haya iniciado contra ellos.
En cuanto al daño material causado al supermercado denunciante de los hechos, deberían ser las mismas instituciones las que hagan frente a posibles indemnizaciones, pues aunque los miembros del SAT pudieran haber incumplido alguna disposición legal o administrativa, lo han hecho obedeciendo una ley moral que debería ser, y en el fondo es, superior a cualquier disposición o ley escrita.
Exigimos además al gobierno, que tome nota de los hechos y actúe sin tardanza para solucionar la grave situación social y económica que están sufriendo tantas familias españolas, cuya supervivencia se ve cada día más amenazada por el paro, el desahucio, la falta de ayudas sociales y medios económicos y por las políticas de recortes. Si el gobierno actúa como debe, pensando en el bien de los españoles, un hecho así, un asalto a un supermercado para alimentar a gente que no tiene para comer, no tendría que volver a suceder.
La gente no debería estar pasando hambre en España, y es la responsabilidad del Gobierno, no de un sindicato de corazón humanitario, el evitarlo.

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